La reciente aprobación de la «Ley Anti-Pogo de 2025» en Filipinas marca un cambio significativo en la política del país respecto al juego online y los Operadores de Juegos de Azar Offshore (Pogo). Esta nueva legislación, firmada por el presidente Ferdinand R. Marcos Jr., prohíbe las operaciones de Pogo, que han sido objeto de controversia debido a sus implicaciones sociales y económicas.
La decisión de anular la anterior ley que imponía impuestos a las operaciones de juego offshore refleja un esfuerzo por parte del gobierno filipino para abordar los problemas asociados con el juego ilegal y sus efectos negativos en la sociedad. La Iglesia local y otros grupos han estado presionando para que se tomen medidas más estrictas contra el juego offshore, argumentando que contribuye a la delincuencia y a la explotación de los trabajadores.
La nueva ley resalta la importancia de mantener la paz y el orden, así como la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Esto sugiere un enfoque más holístico y socialmente responsable hacia la regulación del juego, priorizando el bienestar general sobre los ingresos fiscales que podrían generar las operaciones de Pogo.
La rápida aprobación de la ley por parte del Senado y la Cámara de Diputados indica un consenso político sobre la necesidad de reformar el marco regulatorio del juego en el país. Sin embargo, la implementación de esta ley y su impacto en la economía local y en los trabajadores del sector del juego offshore serán aspectos críticos a seguir.
Este movimiento también plantea preguntas sobre cómo Filipinas gestionará la transición de los operadores de Pogo y qué medidas se implementarán para abordar las posibles repercusiones económicas y sociales de esta prohibición.
